Recientemente el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El objetivo primero de esta norma es asegurar que España cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.

Según el Acuerdo de París, el tratado internacional más relevante en este ámbito, en España deberíamos alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Es decir, a mediados de siglo, nuestras emisiones de efecto invernadero deberían ser iguales o inferiores a nuestra capacidad para absorberlas o neutralizarlas.

Para lograr ese objetivo para 2050, la nueva Ley de Cambio Climático y Transmisión Energética establece tres metas concretas para el año 2030:

  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990.
  • Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual).
  • Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable (frente al 40% de este momento)

Estos objetivos, además, está previsto que se revisen al alza en 2023, cuando ya habremos podido ver la efectividad de las medidas propuestas. Esta muy previsible revisión se debe al retraso que España lleva con respecto a otros países de nuestro entorno más cercano, en la reducción de emisiones y el uso de las energías renovables.

Vistas las motivaciones y objetivos de la nueva ley, vamos a desgranar los seis ámbitos clave en los que se concentran las medidas a tomar:

Movilidad

De entre todas las medidas que implica la ley, quizá las relacionadas con la movilidad, son las más extensas y las que más van a afectar a nuestro día a día.  Cabe decir que el sector lleva un retraso considerable en el proceso de descarbonización y que un 30% del total de emisiones de efecto invernadero del país, provienen del transporte. El objetivo es pues lograr para 2050 un parque de turismos y vehículos ligeros sin emisiones directas de CO₂. Para ello a partir de 2040 no se podrán vender turismos ni vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO₂.

Además, todos los municipios de más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 cuya calidad del aire no sea buena deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones.

La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en edificios y aparcamientos. Por ejemplo, a partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga.

El Gobierno fijará también objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y se abre la puerta a limitar los biocombustibles de primera generación (aquellos elaborados a partir de cultivos alimentarios).

Está prevista además la creación de una nueva Ley de Movilidad Sostenible que ahonde en estos temas y que se dote de una mayor financiación al sistema de transporte público.

Sector eléctrico

El sector eléctrico representa en estos momentos algo menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del país. En esta área podemos decir que vamos por el buen camino. El cierre paulatino de las centrales de carbón es significativo, pero todavía queda mucho por hacer.

La ley contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable.

Para ello, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberán presentar en el próximo año una propuesta de reforma del sector eléctrico. Se impulsarán las centrales hidroeléctricas reversibles y la generación de electricidad a través de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos. Además, para evitar el impacto ambiental de la instalación de grandes parques eólicos o solares, se elaborará un catálogo de zonas sensibles en las que no se podrán ubicar este tipo de instalaciones.

También está prevista una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que favorezca las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de vecinos.

Combustibles fósiles

A partir de la entrada en vigor de la norma, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España. Las concesiones de explotación vigentes no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042.

El texto también prohíbe de forma expresa el fraking o técnica de la fractura hidráulica y  la minería radiactiva, como la llevada a cabo en la extracción del uranio.

Además está previsto que solo puedan optar a los beneficios fiscales previstos las empresas generadoras de energía limpia, salvo que existan motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

Eficiencia energética y rehabilitación de edificios

El Gobierno deberá poner en marcha en los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la ley un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. A su vez se tendrán que aprobar y poner en marcha incentivos para la introducción de las energías renovables para impulsar así el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones.

Adaptación y biodiversidad

Hay determinadas consecuencias del calentamiento que ya no podemos revertir, por lo que la norma establece medidas para facilitar la adaptación a estos cambios y prevenirlos en un futuro poniendo especial atención en  la protección de la biodiversidad. Algunas de estas medidas son:

  • Cada cinco años se elaborará un plan nacional de adaptación al cambio climático que deberá incluir riesgos previsibles, la evaluación de la vulnerabilidad de los distintos territorios o de los diferentes sectores socioeconómicos.
  • Cada cinco años se deberá aprobar un informe sobre riesgo climático.
  • A partir de ahora, la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático.
  • Se limitará la duración de las prórrogas otorgadas a las concesiones para determinadas actividades en la zona de dominio público marítimo.

Además, el gobierno tendrá que elaborar una estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático.

Riesgos financieros, empresas y comité de expertos

De acuerdo a la nueva ley, las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad derivados de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. Además, las grandes empresas deberán realizar también un cálculo de las emisiones que genera su actividad. Y tendrán que elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con objetivos para cada cinco años.

Por su parte, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también tendrán que presentar cada dos años un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo para el sistema. Algo similar tendrán que hacer los operadores estatales del sistema eléctrico y gasista, además de la Compañía Logística de Hidrocarburos.

Por otro lado,  está prevista la creación de un comité de expertos de cambio climático que asesorará al gobierno así como una asamblea ciudadana del cambio climático.